EL PARLAMENTARISMO NO ES DEMOCRACIA. ES DICTADURA 6 de Diciembre de 2017

       El 39 aniversario de la Constitución española de 1978 permite renovar la denuncia del actual sistema político en su totalidad. Con ello se pretende no sólo desacreditarlo, lo que sería un objetivo puramente negativo, una aplicación de ese desatino filosófico que es el “pensamiento crítico”, sino abrir camino a la revolución. En efecto, esta es meta constructiva, tarea hacedera, misión y destino, esfuerzo y servicio. Es un obrar que está cualitativamente por encima del criticismo “radical”, fácil y simplón, que se agota en sí mismo y, a fin de cuentas, sirve al sistema por no ofrecer propuestas trasformadoras, ya que al prescindir de ellas por negativismo siembra la desesperanza y la amargura, por tanto la pasividad.

         Lo concluyente es la revolución, la revolución holística e integral, en lo político un orden de democracia y libertad para el pueblo, cuyo armazón será un régimen de asambleas populares soberanas en red. Éste, para cada pueblo, nación o país, se articulará en varios niveles: el local, con el sistema complejo de la asamblea/asambleas de los vecinos y vecinas de cada municipio; el comarcal, al que acudirán portavoces (no representantes) de las juntas o asambleas locales, obligados por el mandato imperativo; el regional o territorial, conformado por los portavoces de los organismos comarcales y el del país o nacional, con portavoces de los organismos regionales o territoriales.

         Ese orden político de cuatro grados se caracteriza porque todos los cargos u oficios unipersonales serán anuales, no remunerados y, como se ha dicho, obligados a someterse a la voluntad política de los electores por medio del mandato imperativo. No habrá políticos profesionales, sujetos que vivan de la política, cuya existencia hoy es prueba irrefutable de que el actual sistema es una dictadura, un régimen tiránico y dictatorial. En el autogobierno por asambleas el poder decisivo es el de las bases de la sociedad, de tal modo que cuanto más “arriba” se asciende en los niveles o grados menos poder se podrá desplegar.

         Eso es la revolución, la soberanía del pueblo ejercido asambleariamente. Pero no en asambleas vociferantes e irresponsables, mero batiburrillo de jóvenes “radicales” de clase media que juegan a ser “alternativos”, sino en organismos cabalmente formalizados, en los que cada sujeto tendrá no sólo derechos sino también deberes, entre ellos el de someterse a la opinión de la mayoría y respetarla, siendo sancionado si no lo hace. En él las mayorías admiten a las minorías y a los disidentes individuales al mismo tiempo que aquéllas y éstos respeta a las mayorías, conviniendo en que su voluntad política es la que se hace norma y mandato.

         El fundamento de la libertad política es el armamento general del pueblo, con desaparición e inexistencia de los cuerpos profesionales especializados en el uso de la fuerza y el manejo de los medios de acción violenta. No habrá, por tanto, ni ejercito ni policía, siendo el servicio de armas un deber cívico que será obligatorio (salvo objeción ética) para todos los varones y todas las mujeres. Así, la milicia dejará de ser un oficio para convertirse en un servicio.

         Sin cuerpos armados especializados, sin funcionarios profesionales y sin políticos por oficio, será el pueblo quien gobierne. Sólo así podrá ser real la soberanía popular, que la Constitución de 1978 exalta verbalmente sólo para negarla en la práctica, en la vida real, con cinismo y desvergüenza.

         Una parte más de la conquista de la libertad política es la supresión de la gran propiedad financiera, industrial, de servicios y agrícola, que ha de ser expropiada sin indemnización para pasar a ser manejada de una forma comunal y autogestionada. Así se pondrá fin a la intervención del gran capitalismo en la vida política, comprando partidos y políticos (a todos los sobornan, con independencia de lo que digan y prometan, también los “anticapitalistas”), promoviendo campañas mediáticas, subsidiando a intelectuales y artistas, etc. El gran capital es por naturaleza enemigo de la libertad política (también de la libertad civil y de la libertad de conciencia) y por eso no puede tener sitio ni existencia en una sociedad libre.

         Un orden sustentado en la libertad requiere de una gran calidad (autoconstruida) de la persona, demanda una altísima valoración por parte de cada una y cada uno de las categorías prácticas de virtud cívica y virtud personal. Sin sujetos de calidad y sin adhesión de éstos al ideal y el quehacer de servir desinteresadamente al bien público, por convicción interior y sin esperar nada personal a cambio, no es posible la democracia ni la libertad política, es imposible un régimen de asambleas soberanas en red. Lo mismo respecto a la libertad de conciencia, que es la precondición de la libertad política, lo que excluye toda forma de aleccionamiento, sistema educativo estatal (como el actual) y negación de la libertad de expresión[1].

         Frente a la ferina voluntad de poder, la homicida razón de Estado y el brutal individualismo posesivo del actual sistema situamos la virtud cívica, la virtud personal y la libertad.

         Hoy avanzamos hacia la conquista revolucionaria de la libertad política a través de seis quehaceres: 1) denunciando al régimen actual y a cualquier otro que se sustente en el parlamentarismo, monárquico o republicano, con la actual Constitución o con otra, español o catalán, de la Unión Europea o de otro lugar del planeta, 2) exponiendo que sólo un orden político-jurídico de asambleas soberanas es democrático para el pueblo, 3) negando que la participación en los organismos gubernamentales, desde el parlamento al ayuntamiento, sirva para algo bueno y útil, lo que supone proponer la abstención activa y combativa en cada acto electoral, 4) desarrollando la noción de pueblo, constituidos por los sin poder, para que se afirme en sí, tome conciencia de su fuerza, se reconstruya y se alce en revolución, 5) rechazando el montaje tétrico de la Unión Europea, un orden dictatorial constituido por una agrupación de Estados vasallos de Alemania, proponiendo la Europa de los pueblos, de las lenguas y las culturas, 6) combatiendo toda manifestación de fascismo a la vez que se rechaza el parlamentarismo sea nazi, neonazi o falangista, de derechas o de izquierdas, fascista o “antifascista”, civil, militar o religioso (musulmán), de blancos o de negros, de hombres o de mujeres, europeo o foráneo, del pasado o de nueva invención.

         Así avanzamos hacia la revolución, que se manifiesta ya en la masa creciente de muchas y, a largo plazo, difícilmente resolubles contradicciones y antagonismos que cuartean a las sociedades europeas en su base política, en su substrato demográfico y en sus superestructuras políticas e ideológicas. De ellas y desde ellas, por nuestro esfuerzo múltiple, espíritu de combate y voluntad de sacrificio, por nuestra calidad como personas y como comunidad popular, saldrá la revolución integral.

        

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[1] El régimen constitucional actual se jacta hipócritamente de que garantiza la libertad de expresión, y de que todas las opciones y propuestas políticas tienen una presencia proporcional y equivalente en los medios de comunicación y en el sistema escolar. Pero ¿cuándo y dónde se admite a quienes denunciamos el régimen de la Constitución de 1978 como una dictadura, negamos que se pueda reformar y hacer democrático a partir de sí mismo, y proponemos una revolución con formación de un gobierno por asambleas? Jamás se nos acepta en ningún lugar o espacio en que impere el statu quo, de modo que somos los excluidos y marginados, cuando no los perseguidos, por el actual orden. Mientras los lacayos del poder constituido, que dijeron querer “tomar el cielo por asalto” (hasta ahora lo único que han tomado por asalto son los presupuestos del Estado), se pavonean en las televisiones repitiendo día tras día que el parlamentarismo, este u otro, es democracia, los revolucionarios quedamos siempre extramuros, nunca somos llamados a los platós. Mientras ellos tienen enormes medios económicos y tecnológicos a su servicio, y se embolsan cada mes emolumentos y sueldos estatales considerables, nosotros vivimos de nuestros muy modestos recursos. Eso es dictadura, eso es tiranía, eso es totalitarismo. Un orden revolucionario sustentado en la libertad no actuará así, por lo que en él los partidarios del parlamentarismo tendrán también su sitio en el sistema comunicacional y de difusión de ideas. Se trata sólo de quebrar y extinguir su actual monopolio y exclusivismo, sin negarles la palabra. No somos como ellos ni queremos serlo, en nada. Nuestra meta es superarlos cualitativamente, vencerlos absolutamente con la reflexión, la palabra y los hechos.