14 de abril de 2014
LA REPÚBLICA DE LA TORTURA
Si anteriormente se calificó de “república del máuser” a la instituida por el capitalismo y el
Estado español el 14 de abril de 1931 por el uso que los cuerpos policiales,
sobre todo la guardia civil y guardia de asalto, hicieron de ese arma de guerra,
el fusil máuser, contra las clases populares[1],
ahora se analizará el uso masivo de la tortura por el régimen republicano
español.
La tortura fue convertida por la segunda república en
una manera habitual de tratar a las clases populares. En total unas 78.000
personas fueron torturadas de manera severa por ella, falleciendo por causa de
ello unas 4.000, durante el año
posterior, que deben ser sumadas a las 3.900 víctimas de descargas policiales o
ultimadas en aplicación de “la ley de
fugas” (ejecución sumaria de detenidos alegando que habían sido alcanzados
por disparos cuando “intentaban fugarse”).
Hay que señalar que del total de torturados graves
por orden de los diversos gobiernos republicanos unas 16.000 debieron ser
mujeres, de las cuales en torno a 800 fallecieron al año siguiente por el daño
físico y psíquico recibido. Es imposible saber cuántas padecieron sevicias
sexuales, aunque el número de violaciones, al parecer, fue muy reducido.
Esto es coherente con lo que fue la II república
española. Fue construida según el modelo de la III república francesa
(1870-1940) que tuvo entre sus ejecutorias la represión en 1871 de la Comuna de
París, con 25.000 muertos, el aplastamiento cotidiano de los movimientos populares
y proletarios en sus 70 años de existencia (incluido el periodo del Frente
Popular francés, 1935-1938, tristemente célebre por la matanza de Clichy) y la
ejecución sobre el terreno en 1917 de cientos, o acaso miles, de soldados
antimilitaristas franceses en el marco de la I Guerra Mundial.
La II república la trae el ejército español (éste
sobre todo), la guardia civil, la oligarquía terrateniente (Niceto
Alcalá-Zamora, presidente del gobierno provisional de la republica, era un
terrateniente y cacique cordobés), el alto clero (Miguel Maura, el “enérgico”
ministro de gobernación del gobierno provisional de la república, era un
católico integrista) y la gran patronal. Todas las organizaciones del gran
capital presentaron su adhesión solemne a la II republica española, de la que
esperaban realizara una represión enérgica de las clases trabajadoras, como
había hecho la III republica francesa. En particular, la gran burguesía
terratenientes deseaba que el régimen republicano metiera en cintura a las gentes
de la ruralidad.
Mientras la partitocracia republicana y de izquierda,
subsidiada por el Estado y la banca, loaba con los mayores ditirambos al
régimen del 14 de abril, las clases trabajadoras urbanas, y sobre todo,
rurales, se alzaban contra ella. La reacción de la II república fue de una gran
dureza. Por ejemplo, en el verano de 1931 los muertos en Sevilla y su provincia
se contaron por decenas. La guardia civil disparaba sin tregua, y además el
nuevo régimen estaba creando la guardia de asalto (hoy policía nacional),
autora de la matanza de Casas Viejas (Cádiz) en enero de 1933.
El incremento del número de policías fue tan elevado
y brusco con la II republica que ésta debe ser calificada de Estado policial.
Tal fue acompañado de la promulgación de normas legales ultra-represivas como
la Ley de Defensa de la Republica, 1931, y la Ley de Orden Público, 1933, ésta
última hecha luego suya por el franquismo hasta 1959.
Los tres momentos álgidos de la represión
republicana fueron 1933, bajo el gobierno de izquierda, republicano-socialista;
el otoño de 1934 con el gobierno derechista de la CEDA y los meses de los
gobiernos de Frente Popular, entre el 16 de febrero de 1936 y el estallido de
la guerra civil. Muy probablemente cuando se usó de la tortura de la manera más
masiva y extendida fue con estos últimos, siendo el Frente Popular en el
gobierno el que más casos de tortura ordenó o permitió, más bien lo primero que
lo segundo.
En los textos y el lenguaje de la época las torturas
suelen aparecer como “palizas” o “maltratos”. Se propinaban en las
comisarías de policía (terrible celebridad gozó la jefatura de policía de
Barcelona, donde fue habitual que los detenidos por “delitos” políticos y
sociales fueran torturados, muriendo algunos de ellos), en los cuarteles del
ejército (el régimen republicano usó en varias ocasiones al ejército para “mantener el orden público”, incluso con
despliegue de artillería y aviación) pero sobre todo en los cuartelillos de la
guardia civil.
Dado que los gobiernos republicanos negaban por
principio la existencia de torturas, el poder judicial apenas nunca admitía
denuncias de aquéllas y las clases populares rehusaban, en general, las fórmulas
leguleyas para defenderse de tan terrible práctica, no existen datos oficiales.
Por el contrario, en biografías y memorias de la época son una realidad
cotidiana, aunque sin cuantificar. Se debe, en consecuencia, hacer la
investigación acudiendo a procedimientos indirectos.
Sobre todo en la primavera y principios de verano de
1936 menudean por todas partes los ataques a la guardia civil y a sus
cuartelillos. Del estudio de varios de ellos se puede concluir que en la gran
mayoría de los casos la causa inmediata fueron las torturas. Tales ataques, que
llegaron a ser casi cotidianos entre abril y julio de 1936, eran la respuesta
de las gentes del lugar a episodios previos de torturas.
Un caso ilustrativo es el de Yeste (Albacete) en
mayo de 1936. Al afirmarse la lucha del vecindario para recuperar unas tierras
comunales expoliadas por el Estado 19 años antes y luego vendidas a un
terrateniente anticlerical y republicano, la guardia civil, cumpliendo órdenes
verbales (telefónicas) del gobernador frentepopulista de Albacete, realiza detenciones
de jóvenes de la localidad, que son llevados al cuartelillo y torturados. Todo
ello ocasiona un estado general de ira irreprimible hacia la guardia civil que
lleva a un enfrentamiento a gran escala entre los vecinos y dicho cuerpo
represivo el 29 de mayo, durante todo un día. A resultas del cual 17 vecinos pierden
la vida quedando casi 100 heridos de bala, mientras en el otro bando muere un
guardia civil y 9 son heridos de importancia. Los días posteriores al 29 de
mayo fueron de terror desencadenado en Yeste.
Si se estudia lo acecido en esos meses sin prejuicios
políticos, lo primero que llama la atención son los numerosos ataques a la
guardia civil en los medios rurales. Ésta, en muchas zonas, comienza a
patrullar de tres en tres, en vez de la habitual “pareja”, e incluso se encierra a la defensiva en sus cuarteles.
Los ataques toman la forma de tiroteos y actuación de francotiradores, colocación
o lanzamiento de artefactos, concentración de cientos de vecinos con escopetas y
fusiles de caza para realizar descargas, asaltos súbitos y también cercos mantenidos
incluso durante varios días. En la mayoría de los casos podemos estar seguros
que la causa previa era uno o varios episodios de torturas graves o muy graves,
infligidas por la guardia civil a vecinos o vecinas de la localidad.
La lista de las poblaciones en las que hubo duelos
violentísimos, generalmente con muertos o heridos de bala, entre las gentes
modestas y los cuerpos represivos a las órdenes del gobierno de Frente Popular
es larga. Dado que dicho gobierno instituyó la censura previa de prensa y radio
(una práctica dictatorial), reconstruir todo lo que sucedió en los meses
anteriores a la guerra civil es casi imposible. Pero tenemos datos parciales.
Hubo choques sangrientos, a menudo con ataques a los cuartelillos, en Grajal de
Campos (León), Guadamur (Alicante), Consuegra (Toledo), Liérganes (Cantabria),
Pobladura de Aliste (Zamora); Escarabajosa (Ávila), Gallarta (Vizcaya), Zaratán
(Valladolid), Guadamur (Alicante), Bonete (Albacete), Escalona (Toledo),
Palenciana (Córdoba) y muchos lugares más. Inmenso fue el caso de Tocina
(Sevilla) donde el pueblo unido ataca y rodea el cuartelillo de la guardia
civil, dando muerte a 4 guardias de los 7 que eran, tras mantener el cerco
durante 13 días.
Una vez que el gobierno de Frente Popular de 1936
decidió valerse de formas extremas de violencia anti-popular, en las que la
tortura ocupaba un lugar preferente, a las clases populares no les quedaba más
alternativa que defenderse con la acción insurgente. Lo mismo había hecho el
gobierno republicano-socialista en 1931-1933 y el gobierno derechista
republicano en 1934-1935.
La responsabilidad de la conversión de la tortura en
un medio habitual de gobierno político de las clases populares fue, en primer
lugar, de los gobernantes y partidos republicanos y frentepopulistas, que daban
las órdenes correspondientes a los cuerpos represivos. Que jamás admitieran las
denuncias populares por sevicias y maltratos y que apenas nunca tomaran medidas
contra torturadores les pone en evidencia. No estamos pues, salvo alguna excepción,
ante “excesos policiales”. En segundo lugar la responsabilidad era de los
mismos cuerpos represivos. Hay que tener en cuenta que una sociedad libre y
democrática no puede tener cuerpos policiales especializados, pues el mantenimiento
del orden público ha de ser tarea del pueblo en su totalidad, hombres y mujeres
adultos. Donde hay un aparato policial hay violencia, muertes y torturas,
inevitablemente. Y no hay libertad para el pueblo.
La segunda república, 1931-1936, fue un Estado
policial tan perentorio que ni siquiera eliminó el carácter militar de la
guardia civil, reduciéndola a policía civil. Este hecho equivale a la
militarización del orden público, lo que niega que el régimen republicano sea
ni siquiera un sistema parlamentarista y de libertades formales homologable.
Fue, más bien, el antecedente del franquismo.
También son responsables de las torturas infringidas
por los gobiernos de Frente Popular (Front d’Esquerres en Cataluña y el País
Valenciano) los partidos que formaron parte de la coalición electoral, y
quienes sin entrar en dicha coalición solicitaron el voto para ella. Entre los
primeros IR de Azaña, UR, ERC, PSOE, ANV, POUM, PCE y otros. Asimismo es
responsable la facción de CNT encabezada por B. Durruti, dado que este jefe
anarquista solicitó públicamente el voto para el Frente Popular.
Un dato a retener es que si, por un lado, los
partidos y sindicatos “obreros” se agruparon en o apoyaron al Frente Popular,
por otro, el gran capital le otorgó un respaldo notorio y solemne. Por ejemplo,
el 11 de marzo de 1936 el Consejo Superior Bancario visitó al presidente del
gobierno del Frente Popular, Manuel Azaña, para manifestarle la “adhesión plena de la Banca” a su
persona y cargo. Eso evidencia qué fue el Frente Popular (reedición ampliada del
gobierno republicano-socialista de 1931-1933), la alianza de la izquierda y una
parte notable del anarcosindicalismo con el gran capital contra las clases
trabajadoras. De todo eso surgió el régimen de torturas, ése fue el fundamento
de la republica de la tortura.
[1] El número total de personas muertas en
acciones represivas contra manifestaciones, huelgas, ocupaciones, protestas,
etc., por los cuerpos represivos republicanos entre el 14 de abril de 1931 y el
17 de julio de 1936 está en torno a 3.900 personas, casi todas ellas de las
clases modestas. Los heridos graves de bala cuantificables serían unos 13.500,
en realidad una cifra varias veces superior, pues bastantes de ello evitaban
ser atendidos por los médicos, eligiendo la vía de la auto-curación, para no
ser detenidos y torturados. De unas y otras una quinta parte fueron mujeres,
que resultaron duramente reprimidas por el régimen republicano.
