14 de abril :LA REPÚBLICA DE LA TORTURA

14 de abril de 2014

LA REPÚBLICA DE LA TORTURA

Si anteriormente se calificó de “república del máuser” a la instituida por el capitalismo y el Estado español el 14 de abril de 1931 por el uso que los cuerpos policiales, sobre todo la guardia civil y guardia de asalto, hicieron de ese arma de guerra, el fusil máuser, contra las clases populares[1], ahora se analizará el uso masivo de la tortura por el régimen republicano español.

        

La tortura fue convertida por la segunda república en una manera habitual de tratar a las clases populares. En total unas 78.000 personas fueron torturadas de manera severa por ella, falleciendo por causa de ello unas 4.000, durante  el año posterior, que deben ser sumadas a las 3.900 víctimas de descargas policiales o ultimadas en aplicación de “la ley de fugas” (ejecución sumaria de detenidos alegando que habían sido alcanzados por disparos cuando “intentaban fugarse”).

Hay que señalar que del total de torturados graves por orden de los diversos gobiernos republicanos unas 16.000 debieron ser mujeres, de las cuales en torno a 800 fallecieron al año siguiente por el daño físico y psíquico recibido. Es imposible saber cuántas padecieron sevicias sexuales, aunque el número de violaciones, al parecer, fue muy reducido.

        

Esto es coherente con lo que fue la II república española. Fue construida según el modelo de la III república francesa (1870-1940) que tuvo entre sus ejecutorias la represión en 1871 de la Comuna de París, con 25.000 muertos, el aplastamiento cotidiano de los movimientos populares y proletarios en sus 70 años de existencia (incluido el periodo del Frente Popular francés, 1935-1938, tristemente célebre por la matanza de Clichy) y la ejecución sobre el terreno en 1917 de cientos, o acaso miles, de soldados antimilitaristas franceses en el marco de la I Guerra Mundial.

        

La II república la trae el ejército español (éste sobre todo), la guardia civil, la oligarquía terrateniente (Niceto Alcalá-Zamora, presidente del gobierno provisional de la republica, era un terrateniente y cacique cordobés), el alto clero (Miguel Maura, el “enérgico” ministro de gobernación del gobierno provisional de la república, era un católico integrista) y la gran patronal. Todas las organizaciones del gran capital presentaron su adhesión solemne a la II republica española, de la que esperaban realizara una represión enérgica de las clases trabajadoras, como había hecho la III republica francesa. En particular, la gran burguesía terratenientes deseaba que el régimen republicano metiera en cintura a las gentes de la ruralidad.

        

Mientras la partitocracia republicana y de izquierda, subsidiada por el Estado y la banca, loaba con los mayores ditirambos al régimen del 14 de abril, las clases trabajadoras urbanas, y sobre todo, rurales, se alzaban contra ella. La reacción de la II república fue de una gran dureza. Por ejemplo, en el verano de 1931 los muertos en Sevilla y su provincia se contaron por decenas. La guardia civil disparaba sin tregua, y además el nuevo régimen estaba creando la guardia de asalto (hoy policía nacional), autora de la matanza de Casas Viejas (Cádiz) en enero de 1933.

El incremento del número de policías fue tan elevado y brusco con la II republica que ésta debe ser calificada de Estado policial. Tal fue acompañado de la promulgación de normas legales ultra-represivas como la Ley de Defensa de la Republica, 1931, y la Ley de Orden Público, 1933, ésta última hecha luego suya por el franquismo hasta 1959.

        

Los tres momentos álgidos de la represión republicana fueron 1933, bajo el gobierno de izquierda, republicano-socialista; el otoño de 1934 con el gobierno derechista de la CEDA y los meses de los gobiernos de Frente Popular, entre el 16 de febrero de 1936 y el estallido de la guerra civil. Muy probablemente cuando se usó de la tortura de la manera más masiva y extendida fue con estos últimos, siendo el Frente Popular en el gobierno el que más casos de tortura ordenó o permitió, más bien lo primero que lo segundo.

        

En los textos y el lenguaje de la época las torturas suelen aparecer como “palizas” o “maltratos”. Se propinaban en las comisarías de policía (terrible celebridad gozó la jefatura de policía de Barcelona, donde fue habitual que los detenidos por “delitos” políticos y sociales fueran torturados, muriendo algunos de ellos), en los cuarteles del ejército (el régimen republicano usó en varias ocasiones al ejército para “mantener el orden público”, incluso con despliegue de artillería y aviación) pero sobre todo en los cuartelillos de la guardia civil.

        

Dado que los gobiernos republicanos negaban por principio la existencia de torturas, el poder judicial apenas nunca admitía denuncias de aquéllas y las clases populares rehusaban, en general, las fórmulas leguleyas para defenderse de tan terrible práctica, no existen datos oficiales. Por el contrario, en biografías y memorias de la época son una realidad cotidiana, aunque sin cuantificar. Se debe, en consecuencia, hacer la investigación acudiendo a procedimientos indirectos.

        

Sobre todo en la primavera y principios de verano de 1936 menudean por todas partes los ataques a la guardia civil y a sus cuartelillos. Del estudio de varios de ellos se puede concluir que en la gran mayoría de los casos la causa inmediata fueron las torturas. Tales ataques, que llegaron a ser casi cotidianos entre abril y julio de 1936, eran la respuesta de las gentes del lugar a episodios previos de torturas.

        

Un caso ilustrativo es el de Yeste (Albacete) en mayo de 1936. Al afirmarse la lucha del vecindario para recuperar unas tierras comunales expoliadas por el Estado 19 años antes y luego vendidas a un terrateniente anticlerical y republicano, la guardia civil, cumpliendo órdenes verbales (telefónicas) del gobernador frentepopulista de Albacete, realiza detenciones de jóvenes de la localidad, que son llevados al cuartelillo y torturados. Todo ello ocasiona un estado general de ira irreprimible hacia la guardia civil que lleva a un enfrentamiento a gran escala entre los vecinos y dicho cuerpo represivo el 29 de mayo, durante todo un día. A resultas del cual 17 vecinos pierden la vida quedando casi 100 heridos de bala, mientras en el otro bando muere un guardia civil y 9 son heridos de importancia. Los días posteriores al 29 de mayo fueron de terror desencadenado en Yeste.

        

Si se estudia lo acecido en esos meses sin prejuicios políticos, lo primero que llama la atención son los numerosos ataques a la guardia civil en los medios rurales. Ésta, en muchas zonas, comienza a patrullar de tres en tres, en vez de la habitual “pareja”, e incluso se encierra a la defensiva en sus cuarteles. Los ataques toman la forma de tiroteos y actuación de francotiradores, colocación o lanzamiento de artefactos, concentración de cientos de vecinos con escopetas y fusiles de caza para realizar descargas, asaltos súbitos y también cercos mantenidos incluso durante varios días. En la mayoría de los casos podemos estar seguros que la causa previa era uno o varios episodios de torturas graves o muy graves, infligidas por la guardia civil a vecinos o vecinas de la localidad.

        

La lista de las poblaciones en las que hubo duelos violentísimos, generalmente con muertos o heridos de bala, entre las gentes modestas y los cuerpos represivos a las órdenes del gobierno de Frente Popular es larga. Dado que dicho gobierno instituyó la censura previa de prensa y radio (una práctica dictatorial), reconstruir todo lo que sucedió en los meses anteriores a la guerra civil es casi imposible. Pero tenemos datos parciales. Hubo choques sangrientos, a menudo con ataques a los cuartelillos, en Grajal de Campos (León), Guadamur (Alicante), Consuegra (Toledo), Liérganes (Cantabria), Pobladura de Aliste (Zamora); Escarabajosa (Ávila), Gallarta (Vizcaya), Zaratán (Valladolid), Guadamur (Alicante), Bonete (Albacete), Escalona (Toledo), Palenciana (Córdoba) y muchos lugares más. Inmenso fue el caso de Tocina (Sevilla) donde el pueblo unido ataca y rodea el cuartelillo de la guardia civil, dando muerte a 4 guardias de los 7 que eran, tras mantener el cerco durante 13 días.

        

Una vez que el gobierno de Frente Popular de 1936 decidió valerse de formas extremas de violencia anti-popular, en las que la tortura ocupaba un lugar preferente, a las clases populares no les quedaba más alternativa que defenderse con la acción insurgente. Lo mismo había hecho el gobierno republicano-socialista en 1931-1933 y el gobierno derechista republicano en 1934-1935.

        

La responsabilidad de la conversión de la tortura en un medio habitual de gobierno político de las clases populares fue, en primer lugar, de los gobernantes y partidos republicanos y frentepopulistas, que daban las órdenes correspondientes a los cuerpos represivos. Que jamás admitieran las denuncias populares por sevicias y maltratos y que apenas nunca tomaran medidas contra torturadores les pone en evidencia. No estamos pues, salvo alguna excepción, ante “excesos policiales”. En segundo lugar la responsabilidad era de los mismos cuerpos represivos. Hay que tener en cuenta que una sociedad libre y democrática no puede tener cuerpos policiales especializados, pues el mantenimiento del orden público ha de ser tarea del pueblo en su totalidad, hombres y mujeres adultos. Donde hay un aparato policial hay violencia, muertes y torturas, inevitablemente. Y no hay libertad para el pueblo.

        

La segunda república, 1931-1936, fue un Estado policial tan perentorio que ni siquiera eliminó el carácter militar de la guardia civil, reduciéndola a policía civil. Este hecho equivale a la militarización del orden público, lo que niega que el régimen republicano sea ni siquiera un sistema parlamentarista y de libertades formales homologable. Fue, más bien, el antecedente del franquismo.

        

También son responsables de las torturas infringidas por los gobiernos de Frente Popular (Front d’Esquerres en Cataluña y el País Valenciano) los partidos que formaron parte de la coalición electoral, y quienes sin entrar en dicha coalición solicitaron el voto para ella. Entre los primeros IR de Azaña, UR, ERC, PSOE, ANV, POUM, PCE y otros. Asimismo es responsable la facción de CNT encabezada por B. Durruti, dado que este jefe anarquista solicitó públicamente el voto para el Frente Popular.

        

Un dato a retener es que si, por un lado, los partidos y sindicatos “obreros” se agruparon en o apoyaron al Frente Popular, por otro, el gran capital le otorgó un respaldo notorio y solemne. Por ejemplo, el 11 de marzo de 1936 el Consejo Superior Bancario visitó al presidente del gobierno del Frente Popular, Manuel Azaña, para manifestarle la “adhesión plena de la Banca” a su persona y cargo. Eso evidencia qué fue el Frente Popular (reedición ampliada del gobierno republicano-socialista de 1931-1933), la alianza de la izquierda y una parte notable del anarcosindicalismo con el gran capital contra las clases trabajadoras. De todo eso surgió el régimen de torturas, ése fue el fundamento de la republica de la tortura.

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[1] El número total de personas muertas en acciones represivas contra manifestaciones, huelgas, ocupaciones, protestas, etc., por los cuerpos represivos republicanos entre el 14 de abril de 1931 y el 17 de julio de 1936 está en torno a 3.900 personas, casi todas ellas de las clases modestas. Los heridos graves de bala cuantificables serían unos 13.500, en realidad una cifra varias veces superior, pues bastantes de ello evitaban ser atendidos por los médicos, eligiendo la vía de la auto-curación, para no ser detenidos y torturados. De unas y otras una quinta parte fueron mujeres, que resultaron duramente reprimidas por el régimen republicano.