Los populismos que ahora padecemos se han hecho peritos en declamar
contra la corrupción. Sus jefas y jefes, con el desenfreno verbal que les
caracteriza, capturan votos de los pardillos prometiendo poner fin a la
corrupción aquí-y-ahora y para siempre… a pesar de que una mayoría de tales
mandamases están ya vinculados a casos de corrupción y aunque los populismo
son, por naturaleza, superlativamente venales e inmorales.
La corrupción es la transferencia de fondos desde el “sector público”
(estatal) a particulares por procedimientos que quebrantan la ley positiva.
Esto es, el Estado extrae recursos monetarios de la población por medio del
sistema tributario y una parte de ellos van a particulares -organizaciones,
colectivos o personas- de manera ilegal.
De creer al poder mediático sólo los políticos, unos cuantos
directivos de la banca y los sindicalistas son corruptos, mientras que ellos
mismos (los periodistas), los policías, los altos funcionarios de los diversos
ministerios, los militares[1] y
los catedráticos no lo son. En poquísimas ocasiones se descubre una trama ilícita
en, por ejemplo, alguno de los cuerpos policiales, y cuando sucede se le otorga
ninguna o muy poca publicidad. Esto no es creíble pues el poder envilece a todos
por igual.
La denuncia de la corrupción de los políticos está, a su vez,
restringida a unos pocos casos, de manera que sólo llegan a la opinión pública
un porcentaje muy reducido de ellos, quizá inferior al 1%. La prensa airea tal
o cual evento de esta naturaleza siempre con fines concretos, para contener a
alguien que se está excediendo, desalojar a algún otro que se ha hecho molesto,
llevar adelante una operación de remozamiento de la “clase política”, etc., e
incluso como procedimiento de presión y chantaje. En esto nadie da puntada sin
hilo.
A veces la venalidad es un pago por servicios políticos excepcionales,
por ejemplo, a la familia Pujol
Ferrusola se la ha permitidos apropiarse ilegalmente de, al parecer, miles de
millones de euros, convirtiendo Cataluña en una república bananera, como
compensación por su política autonomista, esto es, españolista, mantenida
durante decenios, que finalmente culminó en la mojiganga del “independentismo”
sobrevenido y la “consulta soberanista” a cargo de CiU-ERC y de sus sirvientes
de la izquierda “radical”. Sin duda, mantener “la unidad de España” vale el dinero desviado a aquel extremadamente
ávido y codicioso clan, y mucho más.
El dinero es, también, una herramienta de dominación política, al ser
un medio de degradación, división y sometimiento. La expresión más visible de
ello es el Estado de bienestar, que a cambio de pensiones y servicios
asistenciales que, para más befa, pagan sobradamente quienes los reciben (a
cada asalariado se le expolia coercitivamente por el ente estatal una media de unos
8.500 euros anuales para mantener dicha rutilante “conquista de los trabajadores” impuesta por el franquismo), exige a
los “beneficiarios” que renuncien a autogestionar la economía y autogobernarse
en lo político, admitiendo el statu quo.
El numerario “público” transita del Estado a algunos particulares de muchas
maneras. En realidad, lo que sustraen los políticos es una parte ínfima. Se
dice que desde 2008 unos siete billones de dólares han sido entregados por los
bancos centrales, estatales, de los países ricos a la banca y a las grandes
empresas privadas como rescate, para evitar su quiebra y derrumbe en la llamada
Gran Recesión, iniciada ese año. En términos monetarios es algo asombroso por
colosal, que se volverá a repetir en cuando la economía capitalista mundial se
debilite, según los más agoreros dentro de unos pocos años.
El capitalismo no puede subsistir sin inyecciones de enormes sumas
monetarias, que los diversos Estados consiguen expoliando y empobreciendo fiscalmente
a las clases populares. En vez de ser aquél, como expone la dogmática
socialdemócrata, el agente “redistribuidor de la renta” entre los menos
favorecidos lo que hace es cargar a éstos de impuestos directos y, sobre todo,
indirectos, para de ese modo acumular
una descomunal masa monetaria que entrega a banqueros, grandes
empresarios de la industria, constructores, etc.
La cosa es tan morrocotuda que Juan Ignacio Crespo, alto funcionario
del Estado español y autor del libro “Cómo
acabar de una vez por todas con los mercados”, asegura que avanzamos hacia
un capitalismo de Estado cada vez más completo y desarrollado, dado que la trasmisión
de tales fondos se realiza con compra por los organismos financieros de los
Estados de paquetes mayoritarios de las acciones de bancos y grandes empresas
quebradas, o en trance de estarlo, lo que hace al ente estatal de cada país primer
propietario capitalista y primer empresario.
Crespo se limita a reconocer una parte de la verdad para tapar la
otra. Porque, en realidad, el capitalismo ha sido siempre un apéndice, una
criatura del Estado, de muchas maneras y desde sus orígenes. Ahora incluso
formalmente se ha hecho primer accionista, y por eso patrón, de empresas tan
emblemáticas como la General Motors, por citar una, quebrada y rescatada en
2007/2010, así como de un sinnúmero de bancos. Aunque adoptando diversas formas
según la época, siempre ha sido así. No es posible la existencia de un
capitalismo sin Estado promotor y protector ni siquiera en el terreno económico.
Desde siempre el ente estatal ha desempeñado esa función, acumular
capital-dinero para, una parte de él, hacérselo llegar, por procedimientos
directos e indirectos, legales e ilegales, evidentes y ocultos, a particulares,
físicos o jurídicos. Ese es el principal origen de la burguesía, y no las
fábulas infantiles sobre la frugalidad, la ética protestante, etc., ni tampoco
la supuesta “acumulación originaria primitiva”, que en la medida que fue real
resultó de una intervención económico-jurídica del Estado, al privatizar por
ley el comunal. En la medida que no lo fue se olvida que el decisivo momento
inicial del capitalismo mundial tiene lugar con la revolución industrial de la
segunda mitad del siglo XVIII, en síntesis una formidable transmisión de fondos
del Estado a la burguesía, hasta entonces muy débil, como pago por los bienes,
sobre todo de naturaleza militar o para-militar, que aquél demandaba para consumar
la lucha por la dominación mundial en la era del colonialismo.
Es la razón de Estado, en tanto que forma específica de la voluntad de
poder, tal como se manifiesta en unas determinadas condiciones históricas, la
que explica la creación y desarrollo del capitalismo y el ascenso de la
burguesía. En todo ello las consideraciones de tipo estratégico han tenido
bastante más peso que el ahorro de los particulares, la cuota de ganancia, el
mercado, los mecanismos de los precios, etc.
La relación de los procedimientos utilizados para hacer fluir el
dinero desde el Estado a manos privadas en los últimos trescientos años es
larga y compleja. Además de los rescates de grandes firmas de las finanzas y la
industria está la subvención directa a la industria puntera, por ejemplo, la
que hoy recibe el sector automotriz español, brioso en lo exportador pero, al
parecer, incapaz de perdurar sin recoger jugosas bonificaciones. El Estado de
bienestar mantiene, con sus colosales pedidos, la pujanza indesmayable de la
industria farmacéutica privada, hasta el punto que ésta no conoce crisis ni
decaimientos, con gran daño para la salud de la gente común por sobre-consumo
de productos médicos, en su mayoría tóxicos. La industrialización se hizo, y se
hace hoy en varios países, estrujando fiscalmente el campesinado para
transferir a la gran burguesía industrial los recursos así acumulados. El
dinero “de todos”, el que se acumula con los tributos, es usado para costosas
infraestructuras que a menudo únicamente benefician a la gran empresa. Con
dicho dinero, supuestamente “público”, se mantiene la universidad, hoy destinada
a proporcionar mano de obra a la patronal. Todo ello sin olvidar que con
aquella masa monetaria se paga a la policía, cada vez más numerosa, que apalea
a quienes, pongamos por caso, denuncian el uso privado del dinero “público”.
Para realizar la alarmante operación de ingeniería social neo-patriarcal que
induce la Ley de Violencia de Género cientos de millones de euros están pasando
de los fondos del Ministerio de Igualdad y otras entidades estatales a
bolsillos particulares, los de esos 30.000 funcionarias/os y
neo-funcionarias/os dedicados a “proteger” y “liberar” a las mujeres, sin éstas
y contra éstas. La industria militar, sea o no rentable, es mantenida contra
viento y marea por el Estado, con contribuciones financieras enormes y de variada
naturaleza.
El populismo, significativamente, no se ocupa de estas cuestiones. Por
ejemplo, brama contra Rodrigo Rato, un ratero indecente que ha defraudado en
total unos 15 millones de euros, mera calderilla en relación con los,
probablemente, más de 500.000[2]
millones de fondos que han sido entregados por el Estado español y la UE a la
gran patronal financiera y de negocios desde 2008. Pero aquél calla
rigurosamente sobre las multimillonarias sumas entregadas a la gran patronal
por las instituciones. Sólo el rescate de Bankia costó a los contribuyentes
22.400 millones de euros.
De estas colosales cesiones de fondos estatales al sector privado empresarial
el populismo “terrible” y “justiciero”, conviene recalcarlo, nada tiene que
decir, a la vez que hace (hacía) demagogia sobre el “impago” de la deuda. Se
comprende pues, igual que la izquierda “anticapitalista” tiene en las cajas de
ahorro uno de los espacios donde acumular capital y enriquecerse, y las cajas
han sido salvadas en bastantes casos por la intervención estatal, en solitario
o vinculada al banco central europeo. El populismo y la izquierda tienen
vocación de ser capitalismo de Estado. Y lo son lucrativamente.
La movilización popular contra las entregas de fondos estatales a las
grandes corporaciones de negocios ha de ser una realidad en la calle en cuanto
que la próxima crisis, quizá más cercana de lo que parece, las demande. Ni un
euro de los impuestos extraídos a las clases populares debe ir a reflotar al ineficiente,
torpe, inhumano e inoperante gran capital privado.
El populismo, por tanto, atrae la atención de las gentes hacia
insignificancias y cominerías, mientras contribuye a ocultar que la explotación
fiscal de las clases trabajadoras está, literalmente, manteniendo activo al
capital privado. Es más, con su proyecto de incrementar la tributación
(supuestamente para “gastos sociales”) está haciendo caja para que en el futuro
inmediato las asistencias institucionales a la gran patronal en apuros (casi siempre
está en apuros…) sean todavía más consistentes[3].
Es innecesario repetir que la entrega de masas dinerarias tan colosales
refuerza el despojo y empobrecimiento de las clases populares.
En la política institucional, son más de 350.000 cargos y empleos
estatales, directos e indirectos, los que se disputan los partidos políticos.
Quienes los logran no sólo consiguen sueldos bastante mollares sino la
posibilidad de alcanzar además ingresos extras de diversa naturaleza, legales,
semi-legales e ilegales. Hoy en la política partitocrática no queda nada de
idealismo y menos aún de ingenuidad, por lo que el 99% de los sujetos que se
suman a ella sólo tienen una meta, hacer dinero, cuanto más cantidad y más
deprisa mejor. Al mismo tiempo, las instituciones estatales están diseñadas tal
modo que promueven el movimiento del peculio “público” hacia los bolsillos de los
políticos, pues es el modo de lograr la fidelidad y actividad de éstos, que han
de actuar como agente del Estado en el seno de las clases populares. Por tanto,
la corrupción lejos de estar perseguida (dejando de lado unos pocos casos,
siempre buscando segundas intenciones) es suscitada y estimulada desde arriba.
La corrupción es, en consecuencia, un fenómeno estructural del
capitalismo por muchos motivos y con muy variados modos. Forma parte de su
naturaleza, desde sus orígenes hasta el presente. Proponer ponerla fin, si se
hace de manera coherente y no demagógica, como una meta razonable y no en tanto
que una engañifa electoral mas, supone articular una suma de medidas que
equivalen a una revolución. Veámoslo.
Yendo a la raíz hay que acabar con el origen del mal, el cobro de
tributos por el ente estatal, pues sin éstos no habrá corrupción posible. Pero
un Estado exento de recursos económicos es inviable, y de eso se trata, de
poner fin a la existencia de aquél, y para siempre. Una segunda medida es
extinguir asimismo a quienes hoy están en condiciones de llevarse el dinero “de
todos” a su bolsillo particular, lo que viene a significar que hay que acabar
con el gran capital, tan ineficiente como parasitario, patética flor de
invernadero que no logra subsistir sin el permanente y multimillonario suministro
de recursos estatales, procedentes sobre todo de la coacción extraeconómica,
fiscal, de las clases populares. Lo mismo se tiene que hacer con los partidos
políticos, que han de dejar de ser criaturas del Estado para subsistir, si es
que lo logran, como expresión de la libertad de asociación.
Sin una revolución moral, que promueva una existencia individual y
colectiva fundamentada en valores y no en intereses, es imposible una vida
pública libre de corrupción. Por eso se necesita una nueva cosmovisión que
coloque por delante los bienes inmateriales, los valores y las metas
trascendentes, con relegación de lo monetario. Puesto que los populistas no
hablan de otro asunto que no sea el dinero, han de ser los más corruptos, dado
que desde sus cargos de gobierno tenderán a realizar para sí, en tanto que
personas y partido, lo que tienen por supremo bien, la abundancia pecuniaria y
el consumo.
Sin ir constituyendo un tipo de persona que se realice en la vida del
espíritu, a la vez relacional, amorosa, longánima, generosa, intelectiva,
estética, ética, épica, erótica, emocional y volitiva, y que considere los
bienes físicos como cuestiones secundaria y escasamente interesante, no es
posible moralizar la política.
Es preciso, además, realizar las transformaciones estructurales,
económicas y políticas, imprescindibles para que la función del dinero quede
radicalmente reducida y limitada, con el fin de impedir que cumpla sus
funciones de desintegración de la vida colectiva y de la probidad individual.
Al mismo tiempo, se ha de articular una suma de medidas para imposibilitar la
acumulación de la propiedad una vez que ésta haya sido comunalizada, con el fin
de que la libertad popular se mantenga. Porque en una sociedad libre el poder
económico ha de estar tan disperso y ser tan difuso como el poder político.
Las medidas programáticas propuestas son, sin duda, harto difíciles de
establecer y desarrollar. Pero el proverbio lo argumenta con claridad: los
caminos fáciles no llevan lejos… Un rasgo del populismo es ofrecer toda clase
de remedios cómodos, facilones, inmediatos, completos y definitivos para los
males sociales, con el objetivo de acaparar votos especulando impúdicamente con
la buena voluntad de las gentes. Esto proviene de la inmoralidad intrínseca de
los populismos. Pero la realidad es obstinada y contra ella se estrella la
demagogia, por lo que la verdad termina triunfando.
Por lo demás, nuestra calidad como seres humanos depende de la
grandeza, valía y dificultad de las metas que nos fijamos.
[1]
Un caso sonado, y extraordinariamente vergonzoso, de corrupción de los
generales españoles aconteció durante la II Guerra Mundial, cuando el gobierno
británico “logró reunir la (entonces) enorme
suma de un millón de dólares para sobornar a los generales españoles y lograr
que su país se mantuviera fuera de la guerra”, lo que tuvo lugar en 1940.
El “banquero de Franco”, Juan March, sirvió
de intermediario e hizo los ingresos en cuentas de bancos suizos. Consultar “La guerra de Churchill. La historia
ignorada de la Segunda Guerra Mundial”, Max Hastings. Nada permite suponer
que hoy el alto mando del ejército español sea diferente al de aquella fecha…
[2]
Esta cifra, como una buena mayoría de las que nos vemos obligados a utilizar
son bastante inseguras. No hay modo de conocer de manera cierta la mayor parte
de las realidades sociales, pues el poder constituido necesita de la
ambigüedad, el error, la opacidad, las medidas verdades, la mentira y el
falseamiento para operar. Tal vez estudios futuros permitan ir poniendo en
claro estos asuntos pero por el momento las cosas están así.
[3]
En lo de incrementar la recaudación tributaria todos los partidos son iguales,
sean de derechas o de izquierdas, “serios” o populistas, como se pone de
manifiesto en que en 2014 los ingresos fiscales del Estado español crecieron un
3,6% con un gobierno de la derecha. Por tanto, el aserto politiquero de la que
derecha baja los impuestos y la izquierda los sube carece de fundamento, pues
hoy subirlos es una necesidad del gran capitalismo, por lo que todos los hacen.
Los partidos políticos forman a fin de cuentas un solo ente, el partido único
de partidos.
