DE LA CORRUPCIÓN

Los populismos que ahora padecemos se han hecho peritos en declamar contra la corrupción. Sus jefas y jefes, con el desenfreno verbal que les caracteriza, capturan votos de los pardillos prometiendo poner fin a la corrupción aquí-y-ahora y para siempre… a pesar de que una mayoría de tales mandamases están ya vinculados a casos de corrupción y aunque los populismo son, por naturaleza, superlativamente venales e inmorales.

La corrupción es la transferencia de fondos desde el “sector público” (estatal) a particulares por procedimientos que quebrantan la ley positiva. Esto es, el Estado extrae recursos monetarios de la población por medio del sistema tributario y una parte de ellos van a particulares -organizaciones, colectivos o personas- de manera ilegal.      

De creer al poder mediático sólo los políticos, unos cuantos directivos de la banca y los sindicalistas son corruptos, mientras que ellos mismos (los periodistas), los policías, los altos funcionarios de los diversos ministerios, los militares[1] y los catedráticos no lo son. En poquísimas ocasiones se descubre una trama ilícita en, por ejemplo, alguno de los cuerpos policiales, y cuando sucede se le otorga ninguna o muy poca publicidad. Esto no es creíble pues el poder envilece a todos por igual.

La denuncia de la corrupción de los políticos está, a su vez, restringida a unos pocos casos, de manera que sólo llegan a la opinión pública un porcentaje muy reducido de ellos, quizá inferior al 1%. La prensa airea tal o cual evento de esta naturaleza siempre con fines concretos, para contener a alguien que se está excediendo, desalojar a algún otro que se ha hecho molesto, llevar adelante una operación de remozamiento de la “clase política”, etc., e incluso como procedimiento de presión y chantaje. En esto nadie da puntada sin hilo.

A veces la venalidad es un pago por servicios políticos excepcionales, por ejemplo, a la  familia Pujol Ferrusola se la ha permitidos apropiarse ilegalmente de, al parecer, miles de millones de euros, convirtiendo Cataluña en una república bananera, como compensación por su política autonomista, esto es, españolista, mantenida durante decenios, que finalmente culminó en la mojiganga del “independentismo” sobrevenido y la “consulta soberanista” a cargo de CiU-ERC y de sus sirvientes de la izquierda “radical”. Sin duda, mantener “la unidad de España” vale el dinero desviado a aquel extremadamente ávido y codicioso clan, y mucho más.

El dinero es, también, una herramienta de dominación política, al ser un medio de degradación, división y sometimiento. La expresión más visible de ello es el Estado de bienestar, que a cambio de pensiones y servicios asistenciales que, para más befa, pagan sobradamente quienes los reciben (a cada asalariado se le expolia coercitivamente por el ente estatal una media de unos 8.500 euros anuales para mantener dicha rutilante “conquista de los trabajadores” impuesta por el franquismo), exige a los “beneficiarios” que renuncien a autogestionar la economía y autogobernarse en lo político, admitiendo el statu quo.

El numerario “público” transita del Estado a algunos particulares de muchas maneras. En realidad, lo que sustraen los políticos es una parte ínfima. Se dice que desde 2008 unos siete billones de dólares han sido entregados por los bancos centrales, estatales, de los países ricos a la banca y a las grandes empresas privadas como rescate, para evitar su quiebra y derrumbe en la llamada Gran Recesión, iniciada ese año. En términos monetarios es algo asombroso por colosal, que se volverá a repetir en cuando la economía capitalista mundial se debilite, según los más agoreros dentro de unos pocos años.

El capitalismo no puede subsistir sin inyecciones de enormes sumas monetarias, que los diversos Estados consiguen expoliando y empobreciendo fiscalmente a las clases populares. En vez de ser aquél, como expone la dogmática socialdemócrata, el agente “redistribuidor de la renta” entre los menos favorecidos lo que hace es cargar a éstos de impuestos directos y, sobre todo, indirectos, para de ese modo acumular  una descomunal masa monetaria que entrega a banqueros, grandes empresarios de la industria, constructores, etc.

La cosa es tan morrocotuda que Juan Ignacio Crespo, alto funcionario del Estado español y autor del libro “Cómo acabar de una vez por todas con los mercados”, asegura que avanzamos hacia un capitalismo de Estado cada vez más completo y desarrollado, dado que la trasmisión de tales fondos se realiza con compra por los organismos financieros de los Estados de paquetes mayoritarios de las acciones de bancos y grandes empresas quebradas, o en trance de estarlo, lo que hace al ente estatal de cada país primer propietario capitalista y primer empresario.

Crespo se limita a reconocer una parte de la verdad para tapar la otra. Porque, en realidad, el capitalismo ha sido siempre un apéndice, una criatura del Estado, de muchas maneras y desde sus orígenes. Ahora incluso formalmente se ha hecho primer accionista, y por eso patrón, de empresas tan emblemáticas como la General Motors, por citar una, quebrada y rescatada en 2007/2010, así como de un sinnúmero de bancos. Aunque adoptando diversas formas según la época, siempre ha sido así. No es posible la existencia de un capitalismo sin Estado promotor y protector ni siquiera en el terreno económico.

Desde siempre el ente estatal ha desempeñado esa función, acumular capital-dinero para, una parte de él, hacérselo llegar, por procedimientos directos e indirectos, legales e ilegales, evidentes y ocultos, a particulares, físicos o jurídicos. Ese es el principal origen de la burguesía, y no las fábulas infantiles sobre la frugalidad, la ética protestante, etc., ni tampoco la supuesta “acumulación originaria primitiva”, que en la medida que fue real resultó de una intervención económico-jurídica del Estado, al privatizar por ley el comunal. En la medida que no lo fue se olvida que el decisivo momento inicial del capitalismo mundial tiene lugar con la revolución industrial de la segunda mitad del siglo XVIII, en síntesis una formidable transmisión de fondos del Estado a la burguesía, hasta entonces muy débil, como pago por los bienes, sobre todo de naturaleza militar o para-militar, que aquél demandaba para consumar la lucha por la dominación mundial en la era del colonialismo.

Es la razón de Estado, en tanto que forma específica de la voluntad de poder, tal como se manifiesta en unas determinadas condiciones históricas, la que explica la creación y desarrollo del capitalismo y el ascenso de la burguesía. En todo ello las consideraciones de tipo estratégico han tenido bastante más peso que el ahorro de los particulares, la cuota de ganancia, el mercado, los mecanismos de los precios, etc.

La relación de los procedimientos utilizados para hacer fluir el dinero desde el Estado a manos privadas en los últimos trescientos años es larga y compleja. Además de los rescates de grandes firmas de las finanzas y la industria está la subvención directa a la industria puntera, por ejemplo, la que hoy recibe el sector automotriz español, brioso en lo exportador pero, al parecer, incapaz de perdurar sin recoger jugosas bonificaciones. El Estado de bienestar mantiene, con sus colosales pedidos, la pujanza indesmayable de la industria farmacéutica privada, hasta el punto que ésta no conoce crisis ni decaimientos, con gran daño para la salud de la gente común por sobre-consumo de productos médicos, en su mayoría tóxicos. La industrialización se hizo, y se hace hoy en varios países, estrujando fiscalmente el campesinado para transferir a la gran burguesía industrial los recursos así acumulados. El dinero “de todos”, el que se acumula con los tributos, es usado para costosas infraestructuras que a menudo únicamente benefician a la gran empresa. Con dicho dinero, supuestamente “público”, se mantiene la universidad, hoy destinada a proporcionar mano de obra a la patronal. Todo ello sin olvidar que con aquella masa monetaria se paga a la policía, cada vez más numerosa, que apalea a quienes, pongamos por caso, denuncian el uso privado del dinero “público”. Para realizar la alarmante operación de ingeniería social neo-patriarcal que induce la Ley de Violencia de Género cientos de millones de euros están pasando de los fondos del Ministerio de Igualdad y otras entidades estatales a bolsillos particulares, los de esos 30.000 funcionarias/os y neo-funcionarias/os dedicados a “proteger” y “liberar” a las mujeres, sin éstas y contra éstas. La industria militar, sea o no rentable, es mantenida contra viento y marea por el Estado, con contribuciones financieras enormes y de variada naturaleza.

El populismo, significativamente, no se ocupa de estas cuestiones. Por ejemplo, brama contra Rodrigo Rato, un ratero indecente que ha defraudado en total unos 15 millones de euros, mera calderilla en relación con los, probablemente, más de 500.000[2] millones de fondos que han sido entregados por el Estado español y la UE a la gran patronal financiera y de negocios desde 2008. Pero aquél calla rigurosamente sobre las multimillonarias sumas entregadas a la gran patronal por las instituciones. Sólo el rescate de Bankia costó a los contribuyentes 22.400 millones de euros.

De estas colosales cesiones de fondos estatales al sector privado empresarial el populismo “terrible” y “justiciero”, conviene recalcarlo, nada tiene que decir, a la vez que hace (hacía) demagogia sobre el “impago” de la deuda. Se comprende pues, igual que la izquierda “anticapitalista” tiene en las cajas de ahorro uno de los espacios donde acumular capital y enriquecerse, y las cajas han sido salvadas en bastantes casos por la intervención estatal, en solitario o vinculada al banco central europeo. El populismo y la izquierda tienen vocación de ser capitalismo de Estado. Y lo son lucrativamente.

La movilización popular contra las entregas de fondos estatales a las grandes corporaciones de negocios ha de ser una realidad en la calle en cuanto que la próxima crisis, quizá más cercana de lo que parece, las demande. Ni un euro de los impuestos extraídos a las clases populares debe ir a reflotar al ineficiente, torpe, inhumano e inoperante gran capital privado.

El populismo, por tanto, atrae la atención de las gentes hacia insignificancias y cominerías, mientras contribuye a ocultar que la explotación fiscal de las clases trabajadoras está, literalmente, manteniendo activo al capital privado. Es más, con su proyecto de incrementar la tributación (supuestamente para “gastos sociales”) está haciendo caja para que en el futuro inmediato las asistencias institucionales a la gran patronal en apuros (casi siempre está en apuros…) sean todavía más consistentes[3]. Es innecesario repetir que la entrega de masas dinerarias tan colosales refuerza el despojo y empobrecimiento de las clases populares.

En la política institucional, son más de 350.000 cargos y empleos estatales, directos e indirectos, los que se disputan los partidos políticos. Quienes los logran no sólo consiguen sueldos bastante mollares sino la posibilidad de alcanzar además ingresos extras de diversa naturaleza, legales, semi-legales e ilegales. Hoy en la política partitocrática no queda nada de idealismo y menos aún de ingenuidad, por lo que el 99% de los sujetos que se suman a ella sólo tienen una meta, hacer dinero, cuanto más cantidad y más deprisa mejor. Al mismo tiempo, las instituciones estatales están diseñadas tal modo que promueven el movimiento del peculio “público” hacia los bolsillos de los políticos, pues es el modo de lograr la fidelidad y actividad de éstos, que han de actuar como agente del Estado en el seno de las clases populares. Por tanto, la corrupción lejos de estar perseguida (dejando de lado unos pocos casos, siempre buscando segundas intenciones) es suscitada y estimulada desde arriba.

La corrupción es, en consecuencia, un fenómeno estructural del capitalismo por muchos motivos y con muy variados modos. Forma parte de su naturaleza, desde sus orígenes hasta el presente. Proponer ponerla fin, si se hace de manera coherente y no demagógica, como una meta razonable y no en tanto que una engañifa electoral mas, supone articular una suma de medidas que equivalen a una revolución. Veámoslo.

Yendo a la raíz hay que acabar con el origen del mal, el cobro de tributos por el ente estatal, pues sin éstos no habrá corrupción posible. Pero un Estado exento de recursos económicos es inviable, y de eso se trata, de poner fin a la existencia de aquél, y para siempre. Una segunda medida es extinguir asimismo a quienes hoy están en condiciones de llevarse el dinero “de todos” a su bolsillo particular, lo que viene a significar que hay que acabar con el gran capital, tan ineficiente como parasitario, patética flor de invernadero que no logra subsistir sin el permanente y multimillonario suministro de recursos estatales, procedentes sobre todo de la coacción extraeconómica, fiscal, de las clases populares. Lo mismo se tiene que hacer con los partidos políticos, que han de dejar de ser criaturas del Estado para subsistir, si es que lo logran, como expresión de la libertad de asociación.

Sin una revolución moral, que promueva una existencia individual y colectiva fundamentada en valores y no en intereses, es imposible una vida pública libre de corrupción. Por eso se necesita una nueva cosmovisión que coloque por delante los bienes inmateriales, los valores y las metas trascendentes, con relegación de lo monetario. Puesto que los populistas no hablan de otro asunto que no sea el dinero, han de ser los más corruptos, dado que desde sus cargos de gobierno tenderán a realizar para sí, en tanto que personas y partido, lo que tienen por supremo bien, la abundancia pecuniaria y el consumo.

Sin ir constituyendo un tipo de persona que se realice en la vida del espíritu, a la vez relacional, amorosa, longánima, generosa, intelectiva, estética, ética, épica, erótica, emocional y volitiva, y que considere los bienes físicos como cuestiones secundaria y escasamente interesante, no es posible moralizar la política.

Es preciso, además, realizar las transformaciones estructurales, económicas y políticas, imprescindibles para que la función del dinero quede radicalmente reducida y limitada, con el fin de impedir que cumpla sus funciones de desintegración de la vida colectiva y de la probidad individual. Al mismo tiempo, se ha de articular una suma de medidas para imposibilitar la acumulación de la propiedad una vez que ésta haya sido comunalizada, con el fin de que la libertad popular se mantenga. Porque en una sociedad libre el poder económico ha de estar tan disperso y ser tan difuso como el poder político.

Las medidas programáticas propuestas son, sin duda, harto difíciles de establecer y desarrollar. Pero el proverbio lo argumenta con claridad: los caminos fáciles no llevan lejos… Un rasgo del populismo es ofrecer toda clase de remedios cómodos, facilones, inmediatos, completos y definitivos para los males sociales, con el objetivo de acaparar votos especulando impúdicamente con la buena voluntad de las gentes. Esto proviene de la inmoralidad intrínseca de los populismos. Pero la realidad es obstinada y contra ella se estrella la demagogia, por lo que la verdad termina triunfando.

Por lo demás, nuestra calidad como seres humanos depende de la grandeza, valía y dificultad de las metas que nos fijamos.

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[1] Un caso sonado, y extraordinariamente vergonzoso, de corrupción de los generales españoles aconteció durante la II Guerra Mundial, cuando el gobierno británico “logró reunir la (entonces) enorme suma de un millón de dólares para sobornar a los generales españoles y lograr que su país se mantuviera fuera de la guerra”, lo que tuvo lugar en 1940. El “banquero de Franco”, Juan March, sirvió de intermediario e hizo los ingresos en cuentas de bancos suizos. Consultar “La guerra de Churchill. La historia ignorada de la Segunda Guerra Mundial”, Max Hastings. Nada permite suponer que hoy el alto mando del ejército español sea diferente al de aquella fecha…

[2] Esta cifra, como una buena mayoría de las que nos vemos obligados a utilizar son bastante inseguras. No hay modo de conocer de manera cierta la mayor parte de las realidades sociales, pues el poder constituido necesita de la ambigüedad, el error, la opacidad, las medidas verdades, la mentira y el falseamiento para operar. Tal vez estudios futuros permitan ir poniendo en claro estos asuntos pero por el momento las cosas están así.

[3] En lo de incrementar la recaudación tributaria todos los partidos son iguales, sean de derechas o de izquierdas, “serios” o populistas, como se pone de manifiesto en que en 2014 los ingresos fiscales del Estado español crecieron un 3,6% con un gobierno de la derecha. Por tanto, el aserto politiquero de la que derecha baja los impuestos y la izquierda los sube carece de fundamento, pues hoy subirlos es una necesidad del gran capitalismo, por lo que todos los hacen. Los partidos políticos forman a fin de cuentas un solo ente, el partido único de partidos.